Por Pablo Garcia
La humanidad, en todo su bendito ingenio, dotada con el milagro de la inteligencia y el razonamiento elemental, ha sido descarrilada por la vanidad individual y otros males egoístas que han hecho pedazos nuestra unidad como especie. Precisamente, estos defectos han sido observados a lo largo de la historia de todas las sociedades, y siguen en su persistencia bruta causando grandes estragos a las comunidades desafortunadamente etiquetadas como ‘diferentes’ o ‘extrañas’. He aquí la raíz del problema que ha causado la discriminación, racismo, y marginalización que los pueblos indígenas de Latinoamérica han sufrido desde la llegada de los conquistadores a finales del siglo XIV. Hoy no es diferente. Los conflictos armados de las últimas décadas entre el gobierno colombiano y las guerrillas FARC han perjudicado especialmente a estas comunidades, las cuales se encuentran amenazadas por su inminente extinción si la violencia de las guerrillas, las promesas no cumplidas, y la falta de representación y protección por parte del gobierno continúa. Insto a que organizaciones internacionales den a conocer la precaria situación de estos pueblos indígenas, que están bajo asedio por su perseverancia de preservar su cultura en un mundo industrializado que no valora las costumbres antiguas. Este ensayo intentará exponer algunas de las causas y razones para el continuo desplazamiento de los pueblos indígenas en Colombia. Argumento que estas causas están relacionadas con el racismo y la discriminación institucionalizada hacia las poblaciones indígenas de Colombia, desde el sistema educativo hasta el gubernamental.
Primero que todo, a pesar de que en el 2016 finalmente se firmó el tratado de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas marxistas FARC, los grupos armados todavía están causando caos en las comunidades rurales. La naturaleza de dicho tratado en si es engañosa, ya que no reclama justicia para las innumerables victimas de los conflictos armados. Armando Benedetti, un senador colombiano que apoya el acuerdo de paz comentó: “¿Quién podría oponerse a que la gente vuelva a sembrar la tierra? ¿A que no haya más niños en la guerra? ¿A la remoción de las minas?”, usando estas preguntas retóricas para refutar llamados a la justicia, mostrando la falta de consideración hacia las comunidades afectadas por la violencia. Además de esta grave falla del gobierno en proteger a sus ciudadanos, en el acuerdo de paz se estipula que los combatientes de las guerrillas, que eran catalizadores del narcotráfico y responsables de múltiples homicidios y masacres, serían levemente castigados con “períodos de restricción de movilidad de cinco a ocho años, durante los cuales se espera que realicen servicios comunitarios” e incluso serán ofrecidos amnistía (Casey). Estos compromisos traicioneros libran de culpa a los asesinos, responsables de 91 masacres con 381 víctimas (“Informe de Masacres”) —tan solo en el 2020— y supuestamente señalaban el fin de los conflictos armados en las zonas rurales, donde residen la mayoría de los pueblos indígenas. En cambio, la huella del narcotráfico en estas comunidades nuevamente ha traído el crimen y las masacres por parte de nuevos grupos armados y guerrilleros de las FARC que no se han entregado. De hecho, “más de 65.000 indígenas en el Chocó reclaman la presencia del Estado en sus comunidades” (“Desplazamiento forzado en el Chocó”), exponiendo que el gobierno no está dispuesto a intervenir. Esto demuestra que el tratado fue una artimaña política con el objetivo de mejorar la opinión pública del gobierno en vez de ayudar a las comunidades indígenas en zonas rurales.
Precisamente, la falta de apoyo y representación en el gobierno colombiano es la causa primaria del porqué las comunidades indígenas se ven forzadas a abandonar sus tierras ancestrales y dirigirse a los centros urbanos donde vivirán como desplazados, continuando en la pobreza, pero sin tierra propia. Ejemplos evidentes de discriminación y falta de representación gubernamental se ve en la ruptura de la promesa de “servicios básicos —como educación, atención médica y seguridad— en las zonas afectadas por el largo conflicto armado” (“Turkewitz y Villamil), que estaba indicada en las cláusulas del tratado de paz del 2016. Esta actitud también se refleja en la población general. Se nota en un estudio de la Universidad Externado de Colombia que las casas de los desplazados se encuentran en “condiciones inadecuadas, con problemas de humedad, o no constituyen alojamientos en sí mismos, sino que son otro tipo de instalaciones (como bodegas o parqueaderos), que son adecuadas someramente por los propietarios para ser alquiladas a los desplazados.”(Chenut Correa y Ocampo Prade). Además, los docentes indican que los vecinos que alquilan las viviendas tienen pactos para no alquilar a los desplazados de ciertas áreas como la costa Atlántica; también los arrendamientos de dichas viviendas son iguales a los apartamentos de mejores condiciones de los mismos sectores. Basado en toda esta evidencia, se observa que la discriminación forma una gran parte de la sociedad y del sistema que traiciona, y que no apoya adecuadamente a las comunidades indígenas desplazadas.
En segundo lugar, los pueblos indígenas son uno de los grupos más desplazados porque algunos de ellos se encontraban involucrados en el cultivo de coca de manera forzada, o incentivada por las ganancias del narcotráfico de drogas de la FARC en las áreas rurales, aludiendo a por qué estuvieron gravemente expuestos a la violencia. Por ejemplo, la comunidad rural indígena de Alto Naya, que está situada en el Pacifico central colombiano en una zona de altos niveles de precipitación y de otras dificultades para vivir, tenía una economía basada esencialmente en cultivos de pancoger, caza y pesca. También, “el cultivo del cacao y la explotación de oro de aluvión y el trabajo asalariado ocasional por fuera de la región, lograban proveer el poco dinero necesario.” (Chenut Correa y Ocampo Prade). Dicha forma de vivir cambió radicalmente cuando los grupos armados tomaron interés en las hojas de coca, que los indígenas usaban a diario para mascar, y les pagaron para que las cultivaran y así ellos podían venderlas a grupos narcotraficantes. El cultivo de coca causó la expansión del narcotráfico y violencia en áreas rurales como en el Alto Naya ya que familias pasaron a tener de unas pocas matas en el patio a cuatro o cinco hectáreas (Chenut Correa y Ocampo Prade), atrayendo a grupos paramilitares dispuestos a controlar la zona por la fuerza. De aquí surgen todos los problemas: desde las guerrillas arrebatando a niños de sus familias para obtener nuevos reclutas y continuar el ciclo de violencia, hasta la persecución de líderes indígenas y la colocación de minas en territorio sagrado.
Dada esta información, es necesario considerar el cultivo de coca por algunos pueblos indígenas, debido a los grandes incentivos económicos, como una de las causas primarias de la atracción de grupos armados que cometen masacres e inducen desplazamientos forzados. De esta manera se da a entender que el problema es muy complejo y que no es creado solamente por la negligencia del gobierno. No obstante, debe entenderse que la razón por la cual el cultivo de coca tomó precedencia en el sistema económico de estas comunidades como las del Alto Naya en primer lugar es por la pobreza irrefutable que hay en zonas inadecuadas para la ocupación humana como en esta área, llena de fuertes pendientes, con falta de salud y agua potable, y excluida de centros urbanos: un resultado de la marginalización de indígenas.
De la misma manera, otro grave problema que impacta el estado socioeconómico de estas comunidades es que el gobierno colombiano no ha resuelto “el acceso y la titulación de la tierra y, con ello, la protección de sus territorios ancestrales.” (Atehortúa), causando que ellas sean amenazadas por proyectos de minería y ganadería, entre otros, resultando en desplazamientos forzados y el exterminio de culturas. Así que la culpa debe caer mayormente en el gobierno que no actúa para proteger a sus minorías, pero que fue capaz de perjudicarlos en primer lugar.
Para dar a entender el origen de la discriminación, me gustaría hablar de lo que pienso que es la causa principal de la negligencia por parte del gobierno y la población hacia la crisis humanitaria del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas en Colombia: el sistema de educación. En una encuesta hecha en la región Naya se demuestra que un
“41.1% de los encuestados respondió que los desplazados generan “menos oportunidades para acceder a los recursos”, el 33.9% considera que los desplazados “traen inseguridad al municipio”. Un 12.5% expresa que los desplazados “generan sobrepoblación e invasión del espacio público”, mientras que otro 12.5% considera que el desplazamiento no trae ninguna consecuencia para ellos como residentes.” (Chenut Correa y Ocampo Prade).
Igualmente, se encontró que un 45% de los antiguos residentes expresan que no quieren ser asociados con la población desplazada. Además, los docentes expusieron que participantes de organizaciones involucradas con los desplazados expresaron que “El 27.1% lo haría “para recibir ayudas del gobierno como los desplazados”. Estos resultados de las encuestas se atribuyen a la falla del sistema educacional colombiano, que no formó a los ciudadanos correctamente, ya que claramente se ve la xenofobia de las comunidades que ‘acogen’ a los indígenas desplazados. Si la formación educacional incluyera informar detalladamente sobre los pueblos nativos, sus culturas y tradiciones, la población sería más tolerante y se vería inclinada a no aprovecharse de las ayudas.
En resumen, las comunidades indígenas de Colombia están bajo asedio por las guerrillas de la FARC, las cuales causan el desplazamiento forzado de miles y hacen horribles matanzas. Además, estos pueblos sufren por la negligencia de estos problemas por parte del gobierno, el cual no los representa adecuadamente, causando que Colombia sea ‘una fosa común con himno nacional’. También, se dio a entender que los desplazamientos forzados son causados por una variedad de factores que principalmente incluyen la inutilidad del gobierno a la hora de actuar debido a la falta de voluntad política de los funcionarios del estado. Finalmente, el sistema educativo de Colombia no representa adecuadamente los pueblos ancestrales, y por esa razón se desconocen las riquezas de sus conocimientos y cultura, causando discriminación. La falla del deber de informar a la población colombiana de las actividades tradicionales de pueblos indígenas lleva a la suspensión de estas prácticas y a una cruel e inconsciente asimilación de jóvenes indígenas, que puede culminar en la extinción de estas culturas milenarias.
Bibliografía:
Chenut Correa, Philippe y Ocampo Prade, Myriam. “Reasentamiento tras el desplazamiento forzado: dos comunidades étnicas en Colombia”. Iztapalapa Revista de ciencias sociales y humanidades, vol. 35 no.76, 2014. Reasentamiento tras el desplazamiento forzado: dos comunidades étnicas en Colombia (scielo.org.mx)
“El drama de 3.700 indígenas en riesgo de desplazamiento forzado en el Chocó” Periodico Semana – Últimas Noticias de Colombia y el Mundo. 17 de agosto, 2018. El drama de 3.700 indígenas en riesgo de desplazamiento forzado en el Chocó (semana.com)
Atehortúa, Adrián. “La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia”. Hacemos Memoria. 10 de abril, 2020. La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia – Hacemos Memoria
Casey, Nicholas. “El gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las FARC” New York TImes. 26 de septiembre, 2016. El gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las Farc – The New York Times (nytimes.com)
“Informe de Masacres en Colombia durante el 2020 y 2021” Indepaz. 26 de abril, 2021. Informe de Masacres en Colombia durante el 2020 y 2021 – Indepaz
Turkewitz, Julie y Villamil, Sofía. “‘Nos van a exterminar’: indígenas colombianos enfrentan una ola de violencia” The New York Times. 24 de octubre, 2020. ‘Nos van a exterminar’: indígenas colombianos enfrentan una ola de violencia – The New York Times (nytimes.com)
Pushaina, Willander. “Enfrentamiento entre grupos armados ilegales, deja en evidencia la crisis humanitaria que vive el pueblo Awá. Inda Sabaleta ad portas de un desplazamiento masivo” ONIC – comunicados regionales. 28 de septiembre, 2020. ONIC – Enfrentamiento entre grupos armados ilegales, deja en evidencia la crisis humanitaria que vive el pueblo Awá. Inda Sabaleta ad portas de un desplazamiento masivo